Carlos Córdoba, secretario general del gremio en la capital fueguina, fue hallado responsable de maniobras fraudulentas que afectaron a decenas de familias. El fallo ordena la devolución de bienes y maquinaria secuestrada.
En una sentencia que impacta de lleno en el tablero gremial y político de la Patagonia, la justicia de Tierra del Fuego condenó a cinco años de prisión a Carlos Córdoba, el histórico secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en Ushuaia. La resolución judicial lo señala como el responsable de una compleja trama de estafas vinculada a la construcción de viviendas, una de las problemáticas sociales más sensibles de la región.
El fallo de la justicia provincial también alcanzó al dirigente Miguel Ángel Arana, quien recibió la misma pena de cinco años. Ambos fueron declarados penalmente responsables por 22 hechos de estafa cometidos en el marco de un proyecto habitacional impulsado por el sindicato en el barrio Barrancas del Río Pipo.
El “sueño de la casa propia” que terminó en fraude
La causa que llevó a la caída del máximo referente de ATE Ushuaia investigó el desvío de fondos destinados a la construcción de un plan de 128 viviendas. Según la investigación judicial, las maniobras fraudulentas se desarrollaron sistemáticamente entre diciembre de 2013 y fines de 2017.
Durante el proceso, se determinó que 22 personas fueron víctimas directas de estas maniobras. Los damnificados, en su mayoría trabajadores que buscaban acceder a su primer hogar, aportaron recursos que terminaron fuera del circuito legal de la obra.
Un líder con trayectoria tras las rejas
La condena tiene un peso político significativo dado que Córdoba es considerado uno de los dirigentes gremiales con mayor trayectoria y protagonismo en la provincia. Su figura ha sido central en las disputas paritarias y en la movilización del sector público fueguino durante décadas.
Antes de conocerse el veredicto, Córdoba se dirigió al tribunal para defender su gestión: “Nunca jugamos con ningún compañero, soy inocente”, afirmó de manera tajante. Sin embargo, el tribunal no solo ratificó su culpabilidad, sino que dispuso la restitución de distintos bienes que estaban bajo custodia judicial, incluyendo maquinarias y vehículos secuestrados durante los allanamientos.
El futuro del gremio
Tras la lectura de la sentencia, los dirigentes quedaron a disposición de las autoridades penitenciarias mientras avanza el proceso judicial y las instancias de apelación correspondientes.
Este caso marca un precedente histórico en el sur del país, exponiendo las sombras de la administración sindical en proyectos de infraestructura básica y dejando a una de las seccionales más poderosas de ATE frente a una crisis de liderazgo institucional sin precedentes.
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