Tras una masiva movilización del tercer sector en el Congreso de la Nación, el bloque oficialista aceptó dar marcha atrás con la derogación de exenciones impositivas históricas. La medida amenazaba la estabilidad de entidades que brindan servicios esenciales a 30 millones de argentinos.
El proyecto de la denominada “Ley Hojarasca”, impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, sufrió un revés clave en su trámite legislativo.
El Poder Ejecutivo, a través del bloque de La Libertad Avanza, debió retirar el punto más conflictivo para el sector de la economía social: la derogación del artículo 5° de la Ley 11.380, que garantiza exenciones impositivas fundamentales para cooperativas y mutuales.

El riesgo del “quebranto” para la economía social
El informe del licenciado Ricardo Mangano detalló que la intención original del oficialismo era eliminar el blindaje fiscal que exime a estas entidades de pagar sellados, timbres y contribuciones sobre el valor de sus edificios. De haberse concretado, el tercer sector advertía sobre un inminente riesgo de quebranto generalizado, ya que muchas cooperativas se verían obligadas a tributar el impuesto a las ganancias, desvirtuando su naturaleza de organizaciones sin fines de lucro.
La resistencia se cristalizó en la Comisión de Asuntos Cooperativos y Mutuales de la Cámara de Diputados, presidida por Aldo Leiva.
Allí, representantes de federaciones de salud, vivienda, servicios públicos y trabajo (como FAESS, COOPERAR, FACE y FECOOTRA) expusieron el impacto devastador que tendría la medida en el interior del país.
En provincias como Chubut y La Pampa, el cooperativismo es el sostén principal de los servicios públicos.
Giro político en la Comisión de Diputados
Ante la presión del sector y la dificultad para lograr el dictamen de mayoría, el diputado nacional Atilio Basualdo (La Libertad Avanza) anunció el compromiso oficial de retirar el polémico artículo.
“Esta ley se la va a sacar como ustedes la están pidiendo”, afirmó Basualdo, aunque matizó su postura cuestionando el uso político que, según su visión, se hace de algunas estructuras cooperativas en provincias como Formosa.
Por su parte, la oposición celebró la marcha atrás. El diputado por Santa Fe, Agustín Rossi, calificó el retiro del artículo como un triunfo de la movilización del movimiento cooperativo y cuestionó la pertinencia de la “Ley Hojarasca” en un contexto de crisis económica y endeudamiento familiar.
Un sector que alcanza a 30 millones de personas
La relevancia del conflicto se mide en números: según datos analizados en el programa Sobre Tablas, el cooperativismo cuenta con 19 millones de asociados en toda la Argentina, mientras que las mutuales alcanzan a 10 millones de personas.
En total, el tercer sector brinda servicios o asistencia al 66% de la población del país, lo que explica la celeridad con la que los legisladores debieron recalcular su estrategia fiscal.

Mientras el Congreso se prepara para tratar el resto de las 70 leyes que Sturzenegger pretende derogar para “promover la seguridad jurídica”, el movimiento cooperativo se mantiene en alerta para asegurar que el compromiso de palabra se traduzca fielmente en el dictamen final que llegará al recinto.





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