Álvarez de Celis apuntó contra Linares y Luque por la urbanización del Cerro Hermitte

El ex secretario de Planificación nacional responsabilizó a los ex intendentes por fomentar obras en zonas críticas, ignorando las advertencias históricas sobre la inestabilidad del terreno.

El ex secretario de Planificación Territorial de la Nación, Fernando Álvarez de Celis, lanzó duras críticas contra los ex intendentes de Comodoro Rivadavia, Carlos Linares y Juan Pablo Luque.
El especialista sostuvo que ambos ex mandatarios ignoraron sistemáticamente los informes técnicos que advertían sobre el peligro de habitar las laderas del Cerro Hermitte.

Según Álvarez de Celis, la crisis actual en el barrio sismográfico no es un accidente, sino la consecuencia de una política que “avanzó en el camino contrario” a lo recomendado por los expertos del SEGEMAR desde el año 2002.

De 45 a 600 viviendas en peligro
La acusación principal radica en que, a pesar de conocerse el riesgo de deslizamiento, las gestiones municipales de las últimas dos décadas volcaron inversión pública en el sector.
La llegada de asfalto, cloacas y servicios básicos funcionó como un incentivo para la urbanización en una zona donde no se debía construir.

Esta falta de un Código Urbanístico adecuado permitió que la problemática creciera de forma alarmante.
Mientras que a principios de los 2000 solo había 45 viviendas bajo riesgo, la cifra alcanzó a más de 600 propiedades en la actualidad, dejando a centenares de familias en una situación de vulnerabilidad extrema.

Responsabilidad política y técnica
Para el presidente de la Fundación Tejido Urbano, hubo una búsqueda de crédito político por encima de la seguridad ciudadana.
“La responsabilidad es lisa y llana de quienes manejan el Ejecutivo”, sentenció Álvarez de Celis, resaltando que incluso después del temporal de 2017 no se priorizó el ordenamiento territorial.

Como solución, el ex funcionario plantó dos vías urgentes para el Estado:

• La reubicación definitiva de las familias afectadas en zonas seguras.
• La compra de las viviendas a valor de mercado para retirar a la población del área de peligro.
  

Lamentó que la inacción estatal durante años haya transformado una advertencia técnica en una catástrofe social que hoy padecen más de 50 familias con sus casas ya destruidas.